Bloqueó la Justicia el uso de las reservas
A partir de hoy el Gobierno estará nuevamente impedido de disponer de esos fondos
Jueves 4 de marzo de 2010 - Publicado en edición impresa - Adrián Ventura - LA NACION
Los diputados de centroizquierda reclamaron postergar el debate previsto para hoy
La jueza federal Claudia Rodríguez Vidal suspendió ayer el polémico decreto presidencial 298/10, que autorizaba el uso de reservas del Banco Central para pagar deudas, por lo que a partir de hoy el Gobierno estará nuevamente impedido de disponer de esos fondos. Sólo podría hacerlo si lo ratificara el Congreso, algo que hoy parece muy poco probable.
El fallo de la jueza sólo se conocerá hoy, pero trascendió anoche tanto en fuentes políticas como en la Justicia.
La Presidenta derogó el lunes el decreto 2010/09, mediante el cual en diciembre pretendió tomar reservas del Banco Central, y, para burlar varias medidas cautelares ordenadas por la Justicia, lo reemplazó por un nuevo DNU, casi idéntico al anterior.
Ayer, la jueza, la misma que hace dos años había ordenado al Gobierno publicar las metodologías y estadísticas que usa el Indec, acogió los planteos formulados por Graciela Camaño (PJ disidente) y por Gerardo Morales y Ricardo Gil Lavedra (UCR). La medida no alcanza a los pagos que el Gobierno pueda hacer a los organismos internacionales por medio del decreto simple 297/10.
El pronunciamiento de Rodríguez Vidal apunta a impedir que el Gobierno utilice esos fondos antes de que el Congreso tenga tiempo de expedirse. Pero no alcanza al decreto simple 297/09, pues tratándose de un decreto reglamentario no está sujeto a las exigencias excepcionales de los DNU.
Así, el fallo protege los fondos, pero al mismo tiempo coloca al Poder Legislativo en la necesidad de dar el debate legislativo, sea para convalidar la norma, sea para derogarla o anularla. Se descuenta que hoy mismo el Gobierno apelará la decisión.
La magistrada resolvió que el derogado decreto 2010/09, por el cual la Presidenta decidió en diciembre último usar reservas del Banco Central para pagar deuda, y el decreto 298/10, que lo reemplazó el lunes último, son sustancialmente idénticos. Por eso, entendió que corresponde extenderle al nuevo decreto los efectos de aquellas medidas cautelares dictadas en enero.
Para la magistrada, según dejaron trascender las aludidas fuentes, ambos decretos contienen los mismos fundamentos, intentan tomar los mismos fondos para pagar la misma deuda y, además, disponen que el Tesoro compensará la erogación del BCRA con el mismo bono público. Es decir, la identidad entre ambas normas es casi total y prácticamente la única diferencia que contienen es su numeración.
La medida de la doctora Rodríguez Vidal llevará alivio a la oposición, si se lo compara con lo que había ocurrido horas antes en otros tribunales.
Por la mañana, los diputados nacionales Federico Pinedo (Pro), Patricia Bullrich (UPT-CC), Juan Carlos Vega y Alfonso Prat-Gay (CC) habían hecho dos presentaciones similares, ante la Corte y ante el juzgado contencioso a cargo de la doctora Liliana Heiland.
Los diputados solicitaron a ambos tribunales que mantengan la vigencia de las medidas cautelares dispuestas por la jueza Sarmiento contra el decreto 2010/09 y las amplíen a los nuevos decretos. Es decir, el objeto era idéntico al pedido hecho por Camaño y por los radicales Morales y Gil Lavedra, en sendos escritos. Pero la doctora Heiland aún no se pronunció.
Medida cautelar
Por su parte, la Corte rechazó ayer a la tarde por abstracta la medida cautelar que había suspendido la aplicación del decreto 2010/09.
El máximo tribunal, que preside Ricardo Lorenzetti, en una resolución de una carilla decidió que es inoficioso -improcedente- que la Corte se pronuncie sobre el decreto 2010/09, que fue derogado el lunes último.
El fallo del alto tribunal, escueto, es técnicamente correcto, pero tiene una lectura política clara: la Corte no está dispuesta a adoptar ninguna medida excepcional para arreglar un problema planteado por la política y que puede ser resuelto tanto por la política, en el Congreso, como por los jueces de primera instancia.
Esto no significa que la Corte, en el futuro, se vaya a negar a tratar un recurso extraordinario sobre el nuevo DNU, sino que, por ahora, no podía pronunciarse sobre una norma derogada.
"Si quieren ampliar la medida cautelar, que se lo pidan a un juez de primera instancia. Nosotros no podemos corregir una arbitrariedad del Poder Ejecutivo con otra arbitrariedad de la Corte", dijo uno de los ministros del alto tribunal.
El Gobierno, se descuenta, apelará el fallo de Rodríguez Vidal y, en un tiempo breve, el asunto llegará nuevamente a la Corte.
Temas de la Justicia
La jueza castigó la burla del Ejecutivo
Por Adrián Ventura - Jueves 4 de marzo de 2010 - Publicado en edición impresa
La decisión de la jueza Claudia Rodríguez Vidal de frenar el decreto de necesidad y urgencia 298/10, que volvió a autorizar al Gobierno a usar reservas del BCRA para pagar deuda, pone un freno a una desmesura del Poder Ejecutivo y reafirma el principio de que los fallos judiciales deben ser obedecidos, incluso por el Gobierno.
Un poco de seriedad y equilibrio institucional no le vienen mal a un país en el que el Poder Ejecutivo asume que es el único poder del Estado y está dispuesto a borrar de un plumazo a los otros dos.
El lunes último, la presidenta Cristina Kirchner derogó el decreto 2010/09, suspendido por Sarmiento y por la Cámara Federal, y lo reemplazó por otro DNU idéntico. Existe entre ambos decretos una identidad casi fotográfica y la maniobra presidencial fue una burda falsificación del nombre de una norma, para evitar los efectos de los fallos judiciales.
La oposición, muy ajustada en números en el Congreso, recurrió una vez más a la Justicia.
Muchos esperaban que la Corte se animase a ampliar la medida cautelar dispuesta por Sarmiento. Pero la Corte resolvió que no podía hacerlo, porque el primer decreto había sido derogado. "La Corte Suprema es independiente, pero no defiende al Poder Judicial. La Presidenta se burló de la Justicia", dijo la diputada Elisa Carrió (CC).
Desde el punto de vista político, hubiese sido un abierto y durísimo desafío al Poder Ejecutivo. Y, desde el punto de vista técnico, la Corte se mantuvo dentro de los límites jurídicos y su decisión no es cuestionable. Pero sí valía esperar que, incluso, dentro de esa resolución escueta, la Corte hubiese incluido alguna advertencia contra los abusos del poder.
El esperado fallo lo dictó, finalmente, la jueza Claudia Rodríguez Vidal. Tuvo coraje. Semanas atrás, dos camaristas federales se animaron a autorizar el aumento del abono de la TV por cable y el Gobierno, disgustado con la sentencia, puso sus nombres en un aviso publicitario. Los sometió a un linchamiento mediático tan inmerecido como incompatible con el respeto que el Estado de Derecho les debe a los jueces. Ella corre el mismo riesgo.
Pero Rodríguez Vidal no estaba dispuesta a tolerar que la política se burlara de la Justicia por el simple artilugio de cambiarle al decreto su numeración. Algún juez debía restablecer el equilibrio.
Ahora bien, la oposición no puede convertir al Congreso en un panteón de próceres ni un archivo de buenos discursos de tono institucional.
Sin una medida cautelar se correría el riesgo de que las demoras del Congreso en expedirse sobre el DNU pudieran facilitar que las reservas del BCRA terminaran por escurrirse. Ahora, con ese fallo, el Congreso y, en particular la oposición, tienen que asumir finalmente el rol que les corresponde. La Justicia no los puede sustituir.
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