- Daniel Sabsay Para LA NACION
Lunes 1 de febrero de 2010 - Publicado en edición impresa
En un Estado de Derecho, el gobierno queda a cargo de instituciones cuyos titulares son meros huéspedes y sus actos deben estar enmarcados en normas jurídicas. De ese modo se logra la despersonalización del poder y su limitación, a fin de que éste satisfaga el interés general.
Estas premisas deben guiar la actividad de los gobernantes, quienes deben actuar como servidores públicos y no aprovecharse de los resortes que se encuentran a su disposición para satisfacer sus propios intereses, ya que ello está en contra de la ética republicana y viola, entre otros, el principio de igualdad, proveyéndole a la autoridad privilegios que pueden llevarlos fácilmente a cometer actos de corrupción. Este es uno de los grandes flagelos que azotan a las democracias y, por ello, la reforma constitucional de 1994 considera los delitos en que incurren quienes la cometen atentatorios del sistema democrático y a sus autores, "traidores a la patria".
La compra en el pasado por parte del ex presidente Kirchner de una suma millonaria en dólares, si bien es una operación que en sí misma no constituiría un delito, debería, sin embargo, ser investigada de manera de despejar toda duda al respecto. Ello, por tratarse de un ex mandatario y, además, porque este acto se suma a una larga lista entre los que encontramos desde la compra de tierras fiscales a precios irrisorios, la pertenencia a una consultora que ofrece servicios de asesoramiento a inversores, hasta el traspaso de las reservas de Santa Cruz a bancos extranjeros, entre muchos otros que lo involucran tanto a él como a la actual presidenta y a sus familiares y allegados.
La ley nacional de ética pública, que aumenta las penas por los actos de corrupción que condena, amplía la noción de función pública y determina un abanico de deberes e incompatibilidades para los funcionarios públicos, debería ser objeto de aplicación. Recordemos que dicha ley crea una Comisión Nacional de Etica Pública, que, pese al tiempo transcurrido, aún no ha sido reglamentada.
Una vez más, estamos ante una situación que pareciera superar la frontera que separa lo público de lo privado y que, como tantas otras provenientes de la administración Kirchner, son la resultante de un obrar prepotente que, por lo menos, infringe la cultura de diálogo civilizado que subyace en nuestra Constitución y que en muchas ocasiones desborda dicha frontera.
La comunidad observa con fastidio este estado de cosas, que asocia con la impunidad. Sólo la puesta en marcha de los contrapesos institucionales propios de la función de control permitirá terminar con el abuso en el ejercicio de las funciones públicas, lo que llevará a la consolidación del sistema democrático con desarrollo dentro del gobierno de la ley. - El autor es profesor titular de Derecho Constitucional de la UBA
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