¡QUÉ RAZÓN TENÍAN LILITA Y SEBASTIÁN CINQUERRUI Vamos a ver ahora, si los jueces se animan a buscarle la punta del ovillo al narcotráfico por las huellas que deja la efedrina.
En el gobierno bonaerense
Relevan a un funcionario por el tráfico de remedios
El juez Oyarbide lo involucró en diálogos comprometedores
Martes 8 de setiembre de 2009 Daniel Gallo - LA NACION
La investigación por el tráfico ilegal de medicamentos impactó en el gobierno bonaerense. El subsecretario provincial de Control Sanitario, Alberto Costa, tuvo que presentar ayer la renuncia después de que el juez federal Norberto Oyarbide anticipó públicamente que existían diálogos telefónicos "muy comprometedores" entre ese funcionario y Néstor Lorenzo, empresario farmacéutico detenido el viernes pasado por esa causa.
Las palabras del magistrado no le dejaron otra opción al ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin, que solicitar la renuncia a Costa. El caso investigado por Oyarbide tiene otras ramificaciones políticas: negocios ilegales en gremios, vínculos con el asesinato de los tres jóvenes empresarios en General Rodríguez y el aporte de fondos a la campaña presidencial de Cristina Kirchner.
Oyarbide puso en aprietos al gobierno bonaerense cuando explicó ayer, ante los medios, cómo está evolucionando la investigación: "La prueba fundamental está centrada en importantes escuchas telefónicas, altamente reveladoras, que dan cuenta de la conexión de importantes figuras de nuestra sociedad que se dedicaban abiertamente a la comercialización y adulteración de medicamentos oncológicos y para HIV". Y nombra directamente a Costa, a cargo de la compra provincial de medicamentos, como uno de los involucrados en las negociaciones con Lorenzo.
Este empresario fue gerenciador hasta 2008 del Centro Oncológico de Excelencia, en Gonnet, instituto quebrado financieramente y dependencia operativa mixta entre el sector privado y el Ministerio de Salud bonaerense, bajo la órbita del subsecretario Costa.
Este funcionario fue expuesto por el juez Oyarbide ante la prensa, pero hasta anoche en el Ministerio de Salud bonaerense no tenían información de que hubiese sido citado por la Justicia.
Al dar a conocer la renuncia de Costa, el ministro Zin manifestó que esa decisión la había tomado la semana anterior, "porque la gestión de Costa estaba en una meseta", pero que en las últimas horas adelantó el cambio por las declaraciones de Oyarbide. Lo reemplazará la diputada provincial Silvia Caballero.
Zin aclaró que su ministerio "no tiene ningún vínculo comercial con la empresa San Javier, cuyo titular es Néstor Lorenzo, y además la empresa no forma parte del registro de proveedores".
Bancarios, en la mira
Oyarbide, por su parte, indicó que apunta también a los hechos de corrupción que habrían ocurrido en la obra social bancaria. Invitó a los afiliados que se sintiesen estafados con medicamentos a que den testimonio en su juzgado. El secretario general del gremio bancario, Juan José Zanola, afirmó, como contrapartida, que fueron las propias autoridades de la obra social las que apartaron a Lorenzo y a su droguería San Javier.
"Conozco a Lorenzo, claro, pero no tenemos relación desde 2007 por algunas cosas que no nos gustaron", explicó Zanola a LA NACION.
Este mes habrá elecciones en el gremio bancario y Zanola cree que varias de las acusaciones tienen un empuje electoral. De todas maneras, detalló la forma en que la droguería San Javier ganó espacio como proveedora en su obra social. "Fue por necesidad", dijo.
San Javier aprovechó, según el relato de Zanola, un momento de endeble situación financiera en La Bancaria para proponer un plan que mejoró otras ofertas: entregar directamente los remedios oncológicos o la insulina a los afiliados y cobrar tras el pago de los reintegros. Con problemas de liquidez económica, la obra social tenía deudas con otros proveedores que habían cortado el abastecimiento. Lorenzo y San Javier ocuparon el lugar preferencial hasta que el vínculo se cortó de forma abrupta, a fines de 2007.
Por entonces, la llegada al Ministerio de Salud de Graciela Ocaña dio paso a investigaciones internas sobre el tráfico de medicamentos. Ocaña puso en la mira a Lorenzo y a sus allegados.
"Hay más de 400 expedientes sobre defraudación al Estado y en el 80 por ciento aparecen vinculaciones con Lorenzo, [Sebastián] Forza y [Damián] Ferrón", comentó ayer Ocaña, y unió de esa manera las líneas de investigación que ponen al empresario Lorenzo como socio de dos de los asesinados en el triple crimen de General Rodríguez.
Todos aparecerían también como aportantes a la campaña presidencial de 2007 del Frente para la Victoria. Así lo explicó el juez Oyarbide al referirse a los documentos secuestrados a Lorenzo, los que serían copias de cheques por más de un millón de pesos donados para el proselitismo de la presidenta Fernández de Kirchner.
Ocaña se ocupó de dejar en claro su convencimiento de que la mandataria no conocía los detalles de esa financiación política. El encargado de la recaudación era el entonces superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli. Por su gestión también se habrían acercado a la campaña presidencial otros dos hombres del negocio de los medicamentos: Carlos Torres y José Posse, involucrados en diversas investigaciones judiciales.
Oyarbide no quiso avanzar públicamente sobre una causa que no está en sus manos (sobre la que se informa por separado), pero sí indicó que las escuchas telefónicas en su poder tienen "sabrosos diálogos" sobre los fondos de campaña.
El magistrado también dijo que "Lorenzo no se privó de hablar con nadie" y manifestó que Capaccioli figura entre las personas que fueron escuchadas por orden judicial.
Ocaña consiguió desplazar a Capaccioli de su puesto, pero esa lucha la dejó sin reservas políticas y abandonó el ministerio tras las elecciones de junio último. El recaudador de campaña no se mostró en el Estado como un contador eficiente; al menos eso lo demuestra un informe de la Sigen sobre su gestión en la Superintendencia de Servicios de Salud.
"El incumplimiento de la normativa con respecto a las compras y contrataciones y la inexistencia de un sistema de patrimonio dan cuenta de los riesgos a que se encuentra expuesta la gestión", informó la Sigen.
Ese órgano de control estatal investigó a la dependencia de Capaccioli y las conclusiones fueron lapidarias sobre las desprolijidades administrativas que permitieron crecer una red paralela de negocios.
En el gobierno bonaerense
Relevan a un funcionario por el tráfico de remedios
El juez Oyarbide lo involucró en diálogos comprometedores
Martes 8 de setiembre de 2009 Daniel Gallo - LA NACION
La investigación por el tráfico ilegal de medicamentos impactó en el gobierno bonaerense. El subsecretario provincial de Control Sanitario, Alberto Costa, tuvo que presentar ayer la renuncia después de que el juez federal Norberto Oyarbide anticipó públicamente que existían diálogos telefónicos "muy comprometedores" entre ese funcionario y Néstor Lorenzo, empresario farmacéutico detenido el viernes pasado por esa causa.
Las palabras del magistrado no le dejaron otra opción al ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin, que solicitar la renuncia a Costa. El caso investigado por Oyarbide tiene otras ramificaciones políticas: negocios ilegales en gremios, vínculos con el asesinato de los tres jóvenes empresarios en General Rodríguez y el aporte de fondos a la campaña presidencial de Cristina Kirchner.
Oyarbide puso en aprietos al gobierno bonaerense cuando explicó ayer, ante los medios, cómo está evolucionando la investigación: "La prueba fundamental está centrada en importantes escuchas telefónicas, altamente reveladoras, que dan cuenta de la conexión de importantes figuras de nuestra sociedad que se dedicaban abiertamente a la comercialización y adulteración de medicamentos oncológicos y para HIV". Y nombra directamente a Costa, a cargo de la compra provincial de medicamentos, como uno de los involucrados en las negociaciones con Lorenzo.
Este empresario fue gerenciador hasta 2008 del Centro Oncológico de Excelencia, en Gonnet, instituto quebrado financieramente y dependencia operativa mixta entre el sector privado y el Ministerio de Salud bonaerense, bajo la órbita del subsecretario Costa.
Este funcionario fue expuesto por el juez Oyarbide ante la prensa, pero hasta anoche en el Ministerio de Salud bonaerense no tenían información de que hubiese sido citado por la Justicia.
Al dar a conocer la renuncia de Costa, el ministro Zin manifestó que esa decisión la había tomado la semana anterior, "porque la gestión de Costa estaba en una meseta", pero que en las últimas horas adelantó el cambio por las declaraciones de Oyarbide. Lo reemplazará la diputada provincial Silvia Caballero.
Zin aclaró que su ministerio "no tiene ningún vínculo comercial con la empresa San Javier, cuyo titular es Néstor Lorenzo, y además la empresa no forma parte del registro de proveedores".
Bancarios, en la mira
Oyarbide, por su parte, indicó que apunta también a los hechos de corrupción que habrían ocurrido en la obra social bancaria. Invitó a los afiliados que se sintiesen estafados con medicamentos a que den testimonio en su juzgado. El secretario general del gremio bancario, Juan José Zanola, afirmó, como contrapartida, que fueron las propias autoridades de la obra social las que apartaron a Lorenzo y a su droguería San Javier.
"Conozco a Lorenzo, claro, pero no tenemos relación desde 2007 por algunas cosas que no nos gustaron", explicó Zanola a LA NACION.
Este mes habrá elecciones en el gremio bancario y Zanola cree que varias de las acusaciones tienen un empuje electoral. De todas maneras, detalló la forma en que la droguería San Javier ganó espacio como proveedora en su obra social. "Fue por necesidad", dijo.
San Javier aprovechó, según el relato de Zanola, un momento de endeble situación financiera en La Bancaria para proponer un plan que mejoró otras ofertas: entregar directamente los remedios oncológicos o la insulina a los afiliados y cobrar tras el pago de los reintegros. Con problemas de liquidez económica, la obra social tenía deudas con otros proveedores que habían cortado el abastecimiento. Lorenzo y San Javier ocuparon el lugar preferencial hasta que el vínculo se cortó de forma abrupta, a fines de 2007.
Por entonces, la llegada al Ministerio de Salud de Graciela Ocaña dio paso a investigaciones internas sobre el tráfico de medicamentos. Ocaña puso en la mira a Lorenzo y a sus allegados.
"Hay más de 400 expedientes sobre defraudación al Estado y en el 80 por ciento aparecen vinculaciones con Lorenzo, [Sebastián] Forza y [Damián] Ferrón", comentó ayer Ocaña, y unió de esa manera las líneas de investigación que ponen al empresario Lorenzo como socio de dos de los asesinados en el triple crimen de General Rodríguez.
Todos aparecerían también como aportantes a la campaña presidencial de 2007 del Frente para la Victoria. Así lo explicó el juez Oyarbide al referirse a los documentos secuestrados a Lorenzo, los que serían copias de cheques por más de un millón de pesos donados para el proselitismo de la presidenta Fernández de Kirchner.
Ocaña se ocupó de dejar en claro su convencimiento de que la mandataria no conocía los detalles de esa financiación política. El encargado de la recaudación era el entonces superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli. Por su gestión también se habrían acercado a la campaña presidencial otros dos hombres del negocio de los medicamentos: Carlos Torres y José Posse, involucrados en diversas investigaciones judiciales.
Oyarbide no quiso avanzar públicamente sobre una causa que no está en sus manos (sobre la que se informa por separado), pero sí indicó que las escuchas telefónicas en su poder tienen "sabrosos diálogos" sobre los fondos de campaña.
El magistrado también dijo que "Lorenzo no se privó de hablar con nadie" y manifestó que Capaccioli figura entre las personas que fueron escuchadas por orden judicial.
Ocaña consiguió desplazar a Capaccioli de su puesto, pero esa lucha la dejó sin reservas políticas y abandonó el ministerio tras las elecciones de junio último. El recaudador de campaña no se mostró en el Estado como un contador eficiente; al menos eso lo demuestra un informe de la Sigen sobre su gestión en la Superintendencia de Servicios de Salud.
"El incumplimiento de la normativa con respecto a las compras y contrataciones y la inexistencia de un sistema de patrimonio dan cuenta de los riesgos a que se encuentra expuesta la gestión", informó la Sigen.
Ese órgano de control estatal investigó a la dependencia de Capaccioli y las conclusiones fueron lapidarias sobre las desprolijidades administrativas que permitieron crecer una red paralela de negocios.
---------------------------------------
TIEMBLA EL KIRCHNERISMO: DETUVIERON A NÉSTOR LORENZODE REMEDIOS ADULTERADOS Y APORTES A LA CAMPAÑA DE CRISTINA
Por Christian Sanz
En el día de ayer, fue detenido finalmente el empresario farmacéutico Néstor Lorenzo, proveedor de medicamentos a numerosas obras sociales y parte de una serie de desaguisados referidos a la salud pública, con la oportuna complicidad oficial. El juez federal Norberto Oyarbide lo acusa de haber adulterado remedios oncológicos y de haber defraudado al Estado en el manejo irregular de subsidios por una suma que podría alcanzar los 600 millones de pesos. El nombre de Lorenzo ha sido profusamente señalado en las páginas virtuales de Tribuna de periodistas a raíz de lo sucedido en torno al triple crimen de General Rodríguez, ya que ha sido socio de uno de los acribillados en esa ocasión, Sebastián Forza. Es dable mencionarlo toda vez que este cronista ha recibido fuertes presiones y amenazas a su integridad física por ese señalamiento. Es oportuno, pues, recordar algunas de las cuestiones que hoy la Justicia y los medios descubren y que este periodista denunció hace mucho tiempo. Tiene que ver con la entrevista realizada a un empresario vinculado a la salud argentina, otrora titular de una conocida droguería relacionada con los aportes de campaña a Cristina Kirchner en el año 2007. Su primera frase me dejó pasmado: "Si hay un lugar donde no quisiera estar es en los zapatos de Sebastián Gramajo, cuyo jefe político es Héctor Capaccioli", disparó sin vacilar. Posteriormente, trazó en el aire un oportuno croquis sobre los vínculos entre Capaccioli, ex superintendente de Servicios de Salud; y el Dr. Néstor Vázquez, ex gerente de Prestaciones de ese mismo organismo. Vázquez ha sido una suerte de "socio" de Néstor Lorenzo, titular de la oscura droguería San Javier e ideólogo junto a Capaccioli del blanqueo de fondos para la campaña electoral del Frente para la Victoria. Es dable mencionar a ese respecto que desde hace unos meses existe una denuncia penal contra el kirchnerismo por lavado de activos. Se trata de un expediente que se ha iniciado merced a una investigación iniciada por este periódico (1) y que avanza raudamente, ya que media docena de supuestos aportantes al kirchnerismo en 2007, admitieron a la Justicia que en realidad nunca pusieron un peso. Es exactamente lo mismo que aseguró el informante entrevistado por este cronista en las últimas horas. El patrón es siempre el mismo y está relacionado a jugosos negociados que se han hecho en torno al sistema de salud argentino, gracias a la connivencia de poderosos funcionarios oficiales, sindicalistas tuertos e importantes droguerías y laboratorios medicinales. Oportunamente, el fallecido Sebastián Forza lo admitió sin medias tintas: "Acá hay un sistema por el cual se falsificaron recetas médicas, se inventaron pacientes y hasta se adulteraron remedios carísimos para llenar los bolsillos de unos pocos delincuentes". Forza sabía de lo que hablaba, ya que se definía a sí mismo como parte de esa misma mafia. "Lo grave del tema es que, en el camino, han muerto muchísimas personas y nadie se hace cargo. El triple crimen de General Rodríguez tiene que ver con esto, hay que investigar la ruta de los medicamentos y cómo Cappacioli recaudó los fondos de campaña para el Frente para la Victoria", admitió hace pocas horas otra fuente de información con gran temor. En esa misma charla, admitió que hubo un solo aportante de dinero y que todo lo demás había sido armado "para la gilada". "Todos le debían favores a Capaccioli y este aprovechó. No olvides que aprendió rápido su oficio, sabía que se podían 'armar' expedientes apócrifos, ya que algunos pacientes no retiraban la medicación correspondiente o los padrones de la Superintendencia tenían fallas. Especialmente en cáncer, SIDA, esclerosis múltiple y todo aquello que la APE (Administración de Programas Especiales) pudiera pagar", admitió el informante. El croquis armado por el empresario mencionado al principio del presente artículo es la clave para entender los negociados de medicamentos ocurridos en los últimos años -siempre permitidos por el kirchnerismo- y el triple crimen de General Rodríguez. Se trata de un sistema que tiene a Néstor Lorenzo a la cabeza y una serie de "empresas-pantalla" que siempre están vinculadas entre sí, ya sea cambiando cheques en una financiera que operaba en un consulado extranjero, vendiendo medicamentos entre ellas, aportando a campañas electorales o simplemente compartiendo los mismos clientes. El mapa aportado por el informante se ha contrastado con información ya publicada en Tribuna de periodistas, reveladores documentos y entrevistas efectuadas en las últimas semanas con funcionarios públicos y empresarios privados. Este es el resultado de lo que debe investigar la Justicia: -Seacamp: relacionada a Sebastián Forza. Supuestamente aportó -nunca puso un peso- 310.000 y 70.000 en el 2007. Un dato crucial: Forza está vinculado a todos los mencionados en esta lista. -Droguería San Javier: está relacionada a Javier Torres, Néstor Lorenzo y el ex agente de la SIDE Julio César Pose. -Multipharma: está relacionada a Torres y Lorenzo. Estas últimas dos firmas -San Javier y Multipharma- están vinculadas no sólo a los aportes de la campaña, sino también a la adulteración de medicamentos. -Droguería Urbana: relacionada a Marcos Hendler. Aportó a la campaña y está relacionada a la cuestionada farmacia ubicada en Viamonte 1483. -Global Paharmacy Service: aportó a la campaña y es auditoria del PAMI gracias a un convenio con la cuestionada firma Siemens. Relacionada asimismo con Farmalink. -Bristol Park S.A.: aportó a la campaña. Es comandada por Martín Magallanes, ex socio de los fallecidos Forza y Ariel Vilán. -All Medicine: aportó a la campaña, está relacionada a Néstor Lorenzo. -Fidei Salud: aportó a la campaña, está relacionada a Néstor Lorenzo. -Audifarm: aportó a la campaña, está relacionada a Hendler. -Nucleo Farma: aportó a la campaña, está relacionada a Martín Magallanes. -Unifarm: aportó a la campaña, está relacionada a Magallanes y Vilán. -Framaline: aportó a la campaña, está relacionada a Néstor Lorenzo. -Fharmaz Group: está relacionada a Damián Ferron, la Obra Social de Bancarios, Néstor Lorenzo y Martín Magallanes. -Droguería Del Plata: aportó a la campaña, está relacionada a Unifarma y San Javier. -Eglis: está relacionada a Unifarma, San Javier y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). -Drogueria Plaza: está relacionada a Unifarma, San Javier y ANMAT. -Hospital Francés: está relacionado a José Luis Salvatierra -ex interventor del Hospital Francés-, Capaccioli, Lorenzo y Forza. -Marcelo Abasto: financista de Forza y uno de los que lo amenazó de muerte. -Centro Oncológico De Excelencia (COE): está relacionado con Lorenzo. Finalmente, habría que indagar sobre puntuales personajes, también involucrados directamente con este escándalo. Uno de ellos -actor principal si los hay- es el bancario Juan José Zanola, más que cercano a Néstor Lorenzo. De la misma manera, habría que indagar sobre la supuesta sociedad entre este último junto a Carlos Torresin -¿seudónimo de Javier Torres?- y el papel que jugaron Gustavo Valsecchi, Eduardo Cesar Angeloz y Javier Gauna. Concluyendo, antes de despedirse, una de las fuentes de información consultadas para este artículo aclaró con cruda sinceridad: "no soy una carmelita descalza, pero nunca me enteré de que me harían hacer aparecer como aportante a la campaña de Cristina. Obviamente hubiera aceptado pero siempre que hubiera algún favor político, como podría ser el manejo de alguna obra social". El informante sabe que su vida corre peligro. Lo hace saber a este periodista y ruega que su nombre y apellido no sean publicados. La misma situación se dio cuando fueron entrevistados otros empresarios y hasta funcionarios oficiales: nadie quiere ser mencionado. Todos coinciden en que se trata de un tema muy complejo, que roza a importantes funcionarios del kirchnerismo en medio de negocios millonarios con medicamentos y tráfico de drogas. Sin embargo, esos mismos funcionarios saben que más temprano que tarde, el escándalo explotará en sus propios rostros, ya que la causa judicial de marras avanza de manera imparable. ¿Habrá nuevas detenciones? ¿O habrá que esperar nuevos suicidios y asesinatos?
Christian Sanz
Por Christian Sanz
En el día de ayer, fue detenido finalmente el empresario farmacéutico Néstor Lorenzo, proveedor de medicamentos a numerosas obras sociales y parte de una serie de desaguisados referidos a la salud pública, con la oportuna complicidad oficial. El juez federal Norberto Oyarbide lo acusa de haber adulterado remedios oncológicos y de haber defraudado al Estado en el manejo irregular de subsidios por una suma que podría alcanzar los 600 millones de pesos. El nombre de Lorenzo ha sido profusamente señalado en las páginas virtuales de Tribuna de periodistas a raíz de lo sucedido en torno al triple crimen de General Rodríguez, ya que ha sido socio de uno de los acribillados en esa ocasión, Sebastián Forza. Es dable mencionarlo toda vez que este cronista ha recibido fuertes presiones y amenazas a su integridad física por ese señalamiento. Es oportuno, pues, recordar algunas de las cuestiones que hoy la Justicia y los medios descubren y que este periodista denunció hace mucho tiempo. Tiene que ver con la entrevista realizada a un empresario vinculado a la salud argentina, otrora titular de una conocida droguería relacionada con los aportes de campaña a Cristina Kirchner en el año 2007. Su primera frase me dejó pasmado: "Si hay un lugar donde no quisiera estar es en los zapatos de Sebastián Gramajo, cuyo jefe político es Héctor Capaccioli", disparó sin vacilar. Posteriormente, trazó en el aire un oportuno croquis sobre los vínculos entre Capaccioli, ex superintendente de Servicios de Salud; y el Dr. Néstor Vázquez, ex gerente de Prestaciones de ese mismo organismo. Vázquez ha sido una suerte de "socio" de Néstor Lorenzo, titular de la oscura droguería San Javier e ideólogo junto a Capaccioli del blanqueo de fondos para la campaña electoral del Frente para la Victoria. Es dable mencionar a ese respecto que desde hace unos meses existe una denuncia penal contra el kirchnerismo por lavado de activos. Se trata de un expediente que se ha iniciado merced a una investigación iniciada por este periódico (1) y que avanza raudamente, ya que media docena de supuestos aportantes al kirchnerismo en 2007, admitieron a la Justicia que en realidad nunca pusieron un peso. Es exactamente lo mismo que aseguró el informante entrevistado por este cronista en las últimas horas. El patrón es siempre el mismo y está relacionado a jugosos negociados que se han hecho en torno al sistema de salud argentino, gracias a la connivencia de poderosos funcionarios oficiales, sindicalistas tuertos e importantes droguerías y laboratorios medicinales. Oportunamente, el fallecido Sebastián Forza lo admitió sin medias tintas: "Acá hay un sistema por el cual se falsificaron recetas médicas, se inventaron pacientes y hasta se adulteraron remedios carísimos para llenar los bolsillos de unos pocos delincuentes". Forza sabía de lo que hablaba, ya que se definía a sí mismo como parte de esa misma mafia. "Lo grave del tema es que, en el camino, han muerto muchísimas personas y nadie se hace cargo. El triple crimen de General Rodríguez tiene que ver con esto, hay que investigar la ruta de los medicamentos y cómo Cappacioli recaudó los fondos de campaña para el Frente para la Victoria", admitió hace pocas horas otra fuente de información con gran temor. En esa misma charla, admitió que hubo un solo aportante de dinero y que todo lo demás había sido armado "para la gilada". "Todos le debían favores a Capaccioli y este aprovechó. No olvides que aprendió rápido su oficio, sabía que se podían 'armar' expedientes apócrifos, ya que algunos pacientes no retiraban la medicación correspondiente o los padrones de la Superintendencia tenían fallas. Especialmente en cáncer, SIDA, esclerosis múltiple y todo aquello que la APE (Administración de Programas Especiales) pudiera pagar", admitió el informante. El croquis armado por el empresario mencionado al principio del presente artículo es la clave para entender los negociados de medicamentos ocurridos en los últimos años -siempre permitidos por el kirchnerismo- y el triple crimen de General Rodríguez. Se trata de un sistema que tiene a Néstor Lorenzo a la cabeza y una serie de "empresas-pantalla" que siempre están vinculadas entre sí, ya sea cambiando cheques en una financiera que operaba en un consulado extranjero, vendiendo medicamentos entre ellas, aportando a campañas electorales o simplemente compartiendo los mismos clientes. El mapa aportado por el informante se ha contrastado con información ya publicada en Tribuna de periodistas, reveladores documentos y entrevistas efectuadas en las últimas semanas con funcionarios públicos y empresarios privados. Este es el resultado de lo que debe investigar la Justicia: -Seacamp: relacionada a Sebastián Forza. Supuestamente aportó -nunca puso un peso- 310.000 y 70.000 en el 2007. Un dato crucial: Forza está vinculado a todos los mencionados en esta lista. -Droguería San Javier: está relacionada a Javier Torres, Néstor Lorenzo y el ex agente de la SIDE Julio César Pose. -Multipharma: está relacionada a Torres y Lorenzo. Estas últimas dos firmas -San Javier y Multipharma- están vinculadas no sólo a los aportes de la campaña, sino también a la adulteración de medicamentos. -Droguería Urbana: relacionada a Marcos Hendler. Aportó a la campaña y está relacionada a la cuestionada farmacia ubicada en Viamonte 1483. -Global Paharmacy Service: aportó a la campaña y es auditoria del PAMI gracias a un convenio con la cuestionada firma Siemens. Relacionada asimismo con Farmalink. -Bristol Park S.A.: aportó a la campaña. Es comandada por Martín Magallanes, ex socio de los fallecidos Forza y Ariel Vilán. -All Medicine: aportó a la campaña, está relacionada a Néstor Lorenzo. -Fidei Salud: aportó a la campaña, está relacionada a Néstor Lorenzo. -Audifarm: aportó a la campaña, está relacionada a Hendler. -Nucleo Farma: aportó a la campaña, está relacionada a Martín Magallanes. -Unifarm: aportó a la campaña, está relacionada a Magallanes y Vilán. -Framaline: aportó a la campaña, está relacionada a Néstor Lorenzo. -Fharmaz Group: está relacionada a Damián Ferron, la Obra Social de Bancarios, Néstor Lorenzo y Martín Magallanes. -Droguería Del Plata: aportó a la campaña, está relacionada a Unifarma y San Javier. -Eglis: está relacionada a Unifarma, San Javier y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). -Drogueria Plaza: está relacionada a Unifarma, San Javier y ANMAT. -Hospital Francés: está relacionado a José Luis Salvatierra -ex interventor del Hospital Francés-, Capaccioli, Lorenzo y Forza. -Marcelo Abasto: financista de Forza y uno de los que lo amenazó de muerte. -Centro Oncológico De Excelencia (COE): está relacionado con Lorenzo. Finalmente, habría que indagar sobre puntuales personajes, también involucrados directamente con este escándalo. Uno de ellos -actor principal si los hay- es el bancario Juan José Zanola, más que cercano a Néstor Lorenzo. De la misma manera, habría que indagar sobre la supuesta sociedad entre este último junto a Carlos Torresin -¿seudónimo de Javier Torres?- y el papel que jugaron Gustavo Valsecchi, Eduardo Cesar Angeloz y Javier Gauna. Concluyendo, antes de despedirse, una de las fuentes de información consultadas para este artículo aclaró con cruda sinceridad: "no soy una carmelita descalza, pero nunca me enteré de que me harían hacer aparecer como aportante a la campaña de Cristina. Obviamente hubiera aceptado pero siempre que hubiera algún favor político, como podría ser el manejo de alguna obra social". El informante sabe que su vida corre peligro. Lo hace saber a este periodista y ruega que su nombre y apellido no sean publicados. La misma situación se dio cuando fueron entrevistados otros empresarios y hasta funcionarios oficiales: nadie quiere ser mencionado. Todos coinciden en que se trata de un tema muy complejo, que roza a importantes funcionarios del kirchnerismo en medio de negocios millonarios con medicamentos y tráfico de drogas. Sin embargo, esos mismos funcionarios saben que más temprano que tarde, el escándalo explotará en sus propios rostros, ya que la causa judicial de marras avanza de manera imparable. ¿Habrá nuevas detenciones? ¿O habrá que esperar nuevos suicidios y asesinatos?
Christian Sanz
No hay comentarios:
Publicar un comentario