Domingo 1 de febrero de 2009El robo sistemático de boletas opositoras, presidentes de mesa sin capacitación o que directamente respondían al kirchnerismo y miles de personas que tuvieron que volver a su casa sin votar. Esas son las principales denuncias que Elisa Carrió presentará este miércoles en Washington al director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), Pablo Gutiérrez.
LA NACION tuvo acceso al documento, de más de 100 páginas, que la líder de la Coalición Cívica llevó en su viaje a Estados Unidos para hacer públicas las irregularidades que la oposición denunció en las últimas elecciones presidenciales.
"Queremos concientizar a la comunidad internacional de lo que está pasando en la Argentina", dijo Carrió antes de partir.
En su denuncia, la jefa de la CC le pide a la OEA que mande al país una misión de observadores para las elecciones legislativas de este año. Es un reclamo testimonial, porque sólo las autoridades electorales y políticas del país pueden elevar formalmente ese pedido.
Pero Carrió justifica ese reclamo con un detallado relato de irregularidades denunciadas ante la Justicia en 2007. "Dirigentes de diversos partidos políticos, en un hecho sin precedentes en nuestra historia moderna, aunaron sus fuerzas para denunciar fraude durante los comicios de octubre de 2007", arranca el texto.
Entonces relata que "el 85,9 % de las autoridades de mesa no habían sido debidamente convocadas" y ante su ausencia "tomaron ventaja los fiscales del partido con mayor estructura [por el justicialismo], que asumieron el control" de muchas mesas.
En esa línea, sostiene que en el municipio bonaerense de José C. Paz el 65% de los presidentes de mesa no eran los seleccionados por las autoridades electorales. Y pone como casos paradigmáticos a Mendoza, San Luis y Córdoba, donde su aliado Luis Juez denunció que el PJ "le robó" la elección.
En su denuncia, la jefa de la CC le pide a la OEA que mande al país una misión de observadores para las elecciones legislativas de este año. Es un reclamo testimonial, porque sólo las autoridades electorales y políticas del país pueden elevar formalmente ese pedido.
Pero Carrió justifica ese reclamo con un detallado relato de irregularidades denunciadas ante la Justicia en 2007. "Dirigentes de diversos partidos políticos, en un hecho sin precedentes en nuestra historia moderna, aunaron sus fuerzas para denunciar fraude durante los comicios de octubre de 2007", arranca el texto.
Entonces relata que "el 85,9 % de las autoridades de mesa no habían sido debidamente convocadas" y ante su ausencia "tomaron ventaja los fiscales del partido con mayor estructura [por el justicialismo], que asumieron el control" de muchas mesas.
En esa línea, sostiene que en el municipio bonaerense de José C. Paz el 65% de los presidentes de mesa no eran los seleccionados por las autoridades electorales. Y pone como casos paradigmáticos a Mendoza, San Luis y Córdoba, donde su aliado Luis Juez denunció que el PJ "le robó" la elección.
"Robo sistemático"
"Cientos de mesas en todo el país sufrían el robo sistemático de boletas opositoras y ciudadanos que al ir a votar no encontraban la boleta de su partido eran invitados por autoridades de mesa a votar por otros candidatos", dice en otro apartado.
También habla de las demoras que todas estas irregularidades provocaron y de las miles de personas que ante las largas colas o la falta de boletas "volvieron a su casa sin sufragar".
En la denuncia, que lleva notas periodísticas de esos días y testimonios de damnificados, la CC propone una reforma electoral que incluya el uso de la boleta única y un nuevo método para elegir autoridades de mesa, entre otros cambios.
"Sin embargo, en el orden nacional, el oficialismo niega las mayorías especiales requeridas para una reforma de tipo electoral y avanza hacia la próxima elección sin querer realizar cambio alguno que garantice la transparencia en las elecciones, y que impida repetir estas prácticas fraudulentas", termina el informe que leerán en la OEA.
"Cientos de mesas en todo el país sufrían el robo sistemático de boletas opositoras y ciudadanos que al ir a votar no encontraban la boleta de su partido eran invitados por autoridades de mesa a votar por otros candidatos", dice en otro apartado.
También habla de las demoras que todas estas irregularidades provocaron y de las miles de personas que ante las largas colas o la falta de boletas "volvieron a su casa sin sufragar".
En la denuncia, que lleva notas periodísticas de esos días y testimonios de damnificados, la CC propone una reforma electoral que incluya el uso de la boleta única y un nuevo método para elegir autoridades de mesa, entre otros cambios.
"Sin embargo, en el orden nacional, el oficialismo niega las mayorías especiales requeridas para una reforma de tipo electoral y avanza hacia la próxima elección sin querer realizar cambio alguno que garantice la transparencia en las elecciones, y que impida repetir estas prácticas fraudulentas", termina el informe que leerán en la OEA.
La oposición reclama que sea una medida nacional
Entienden que ahorrarían plata y evitarían trampas; el PJ lo rechaza
Laura Capriata LA NACION
La boleta única está lejos de ser una iniciativa exclusiva del macrismo, y a nivel nacional casi todos los partidos opositores lanzarán una ofensiva para aprobarla antes de las elecciones de octubre.
Las huestes de Elisa Carrió, el PJ disidente, la UCR, Pro, el cobismo y buena parte de la izquierda insistirán en el Congreso, llevarán su pedido a Cristina Kirchner y prometen recolectar firmas para que en las próximas elecciones no les pase lo de 2007, cuando sus boletas desaparecían del cuarto oscuro sin dejar rastro.
"Vamos a pedirle a la Presidenta que habilite sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar de inmediato la boleta única", contó a LA NACION la diputada Patricia Bullrich, aliada de Elisa Carrió.
El proyecto de la CC que impulsa la boleta única ya logró el OK de radicales, macristas, peronistas disidentes, cobistas y la mayor parte de la izquierda, y en los próximos días será presentado en una conferencia de prensa.
A nivel nacional, el sistema implicaría que cada votante reciba una boleta única de manos del presidente de mesa y entre con ella en el cuarto oscuro. Ahí debe marcar con una cruz o tilde los casilleros que correspondan a los candidatos que quiera votar (estarían señalizados con escudos partidarios, fotos y nombres) y guardarla en el sobre que se deposita en la urna.
El ex kirchnerista Felipe Solá es otro convencido de las ventajas de la boleta única, tanto que piensa organizar una campaña de recolección de firmas para imponerla: "Es más barata, no se puede robar, evita manipulaciones y desaparece la maraña de boletas que hay ahora".
El diputado Daniel Katz, cercano a Julio Cobos, añadió: "Da más garantías y, si se pone foto, nombre y escudo del partido, la gente sabe dónde poner la cruz. Los que dicen lo contrario menoscaban a la ciudadanía".
La directora ejecutiva de Poder Ciudadano, Laura Alonso, les dio la razón. "El 83 por ciento de las denuncias que recibimos en las últimas elecciones fue por falta de boletas opositoras en el cuarto oscuro. La boleta única resolvería ese problema", opinó.
El beneficio podría trasladarse a lo económico. Según Poder Ciudadano, imprimir una sola boleta donde figuren todos los partidos le costaría al Estado cerca de $ 300.000, contra los $ 10 millones que el Gobierno repartió a los partidos en 2007 para que imprimieran sus boletas. Menos gastos y trampas
El documento señala que la boleta única haría más pareja la competencia electoral, pues los partidos chicos no necesitarían gastar hasta el 50% de sus fondos de campaña en imprentas, y reduciría el número de fiscales que necesitan. También desaparecerían las trampas que se hacen mediante el reparto de boletas antes de la elección, además de facilitar el escrutinio.
Pero tendría una desventaja: en la boleta única sólo podría figurar el primer candidato de las listas de cada partido para cada cargo que se elija. Si el votante quiere ver los demás integrantes de la nómina en el momento de votar, deberá buscarlos en las listas completas, que estarán colgadas en cada cuarto oscuro.
Con ventajas y desventajas, el reclamo opositor parece otra vez destinado a chocar con el "no" kirchnerista.
"Es un reclamo de la oposición, que busca quitar legitimidad al sistema por su propia falta de estructura partidaria, pero sin un partido fuerte tampoco pueden gobernar", los frenó el diputado Jorge Landau, apoderado y referente en temas electorales del PJ.
Más sutil, el jefe de la Dirección Nacional Electoral, Alejandro Tullio, opinó que instaurar el sistema de boleta única "es complicado en países con simultaneidad de elecciones y multiplicidad de cargos" para elegir.
Entienden que ahorrarían plata y evitarían trampas; el PJ lo rechaza
Laura Capriata LA NACION
La boleta única está lejos de ser una iniciativa exclusiva del macrismo, y a nivel nacional casi todos los partidos opositores lanzarán una ofensiva para aprobarla antes de las elecciones de octubre.
Las huestes de Elisa Carrió, el PJ disidente, la UCR, Pro, el cobismo y buena parte de la izquierda insistirán en el Congreso, llevarán su pedido a Cristina Kirchner y prometen recolectar firmas para que en las próximas elecciones no les pase lo de 2007, cuando sus boletas desaparecían del cuarto oscuro sin dejar rastro.
"Vamos a pedirle a la Presidenta que habilite sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar de inmediato la boleta única", contó a LA NACION la diputada Patricia Bullrich, aliada de Elisa Carrió.
El proyecto de la CC que impulsa la boleta única ya logró el OK de radicales, macristas, peronistas disidentes, cobistas y la mayor parte de la izquierda, y en los próximos días será presentado en una conferencia de prensa.
A nivel nacional, el sistema implicaría que cada votante reciba una boleta única de manos del presidente de mesa y entre con ella en el cuarto oscuro. Ahí debe marcar con una cruz o tilde los casilleros que correspondan a los candidatos que quiera votar (estarían señalizados con escudos partidarios, fotos y nombres) y guardarla en el sobre que se deposita en la urna.
El ex kirchnerista Felipe Solá es otro convencido de las ventajas de la boleta única, tanto que piensa organizar una campaña de recolección de firmas para imponerla: "Es más barata, no se puede robar, evita manipulaciones y desaparece la maraña de boletas que hay ahora".
El diputado Daniel Katz, cercano a Julio Cobos, añadió: "Da más garantías y, si se pone foto, nombre y escudo del partido, la gente sabe dónde poner la cruz. Los que dicen lo contrario menoscaban a la ciudadanía".
La directora ejecutiva de Poder Ciudadano, Laura Alonso, les dio la razón. "El 83 por ciento de las denuncias que recibimos en las últimas elecciones fue por falta de boletas opositoras en el cuarto oscuro. La boleta única resolvería ese problema", opinó.
El beneficio podría trasladarse a lo económico. Según Poder Ciudadano, imprimir una sola boleta donde figuren todos los partidos le costaría al Estado cerca de $ 300.000, contra los $ 10 millones que el Gobierno repartió a los partidos en 2007 para que imprimieran sus boletas. Menos gastos y trampas
El documento señala que la boleta única haría más pareja la competencia electoral, pues los partidos chicos no necesitarían gastar hasta el 50% de sus fondos de campaña en imprentas, y reduciría el número de fiscales que necesitan. También desaparecerían las trampas que se hacen mediante el reparto de boletas antes de la elección, además de facilitar el escrutinio.
Pero tendría una desventaja: en la boleta única sólo podría figurar el primer candidato de las listas de cada partido para cada cargo que se elija. Si el votante quiere ver los demás integrantes de la nómina en el momento de votar, deberá buscarlos en las listas completas, que estarán colgadas en cada cuarto oscuro.
Con ventajas y desventajas, el reclamo opositor parece otra vez destinado a chocar con el "no" kirchnerista.
"Es un reclamo de la oposición, que busca quitar legitimidad al sistema por su propia falta de estructura partidaria, pero sin un partido fuerte tampoco pueden gobernar", los frenó el diputado Jorge Landau, apoderado y referente en temas electorales del PJ.
Más sutil, el jefe de la Dirección Nacional Electoral, Alejandro Tullio, opinó que instaurar el sistema de boleta única "es complicado en países con simultaneidad de elecciones y multiplicidad de cargos" para elegir.
Radiografía del clientelismo
De trabajos domésticos a servicios sexuales
Lunes 2 de febrero de 2009 Publicado en edición impresa
Beneficiarios de los planes sociales hacen cola para retirar las tarjetas de cobro en un centro asistencial
De trabajos domésticos a servicios sexuales
Lunes 2 de febrero de 2009 Publicado en edición impresa
Beneficiarios de los planes sociales hacen cola para retirar las tarjetas de cobro en un centro asistencial
Foto: Archivo
Gabriel Sued LA NACION
Tras la crisis de 2001, una desocupada con hijos menores se inscribe en el Plan Jefes y Jefas de Hogar, para cobrar un subsidio de $ 150 mensuales. Con la amenaza de quitarle el beneficio, el puntero político encargado de certificar que ella cumple con la contraprestación laboral que exige el programa, le cobra $ 15 por mes y, en algunas ocasiones, la presiona para que asista a marchas o actos partidarios.
La historia, a la que se le pueden agregar distintos nombres propios y lugares geográficos, es el modelo típico de los casos de clientelismo registrados en el Plan Jefes y Jefas de Hogar, el mayor programa de asistencia social de la Argentina, con 668.000 beneficiarios en la actualidad y más de 2 millones en sus primeros meses, en 2002.
Según un estudio que acaba de terminar el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) además de los pedidos de dinero y de las presiones para asistir a marchas o piquetes, los destinatarios del programa deben soportar que les exijan tareas en casas particulares, siempre bajo la amenaza de darles de baja el subsidio. A los hombres los usan como jardineros o albañiles. A las mujeres, que en algunos casos sufren acoso sexual, las utilizan como empleadas domésticas.
Cippec está entre los mejores cinco think tanks privados de América latina, según el reconocimiento que le dio el año pasado la Universidad de Filadelfia.
Con el título "El clientelismo en la gestión de programas sociales contra la pobreza", el informe es el primer estudio cualitativo y cuantitativo de la utilización política de los planes sociales, una especie de radiografía inédita del fenómeno. Se hizo a partir del análisis de una muestra de 448 denuncias de las 4891 que tramitaron, entre 2002 y 2007, en la Unidad Fiscal de Investigaciones sobre la Seguridad Social (Ufises), que dirige Guillermo Marijuán. El 59 por ciento de esos sumarios llegó a la Justicia.
El primero y quizás más importante descubrimiento del estudio es que la mayor cantidad de casos de clientelismo, el 79,5 por ciento, se produce no durante las etapas de inscripción o pago, sino en la de la contraprestación laboral. En el caso del Plan Jefes y Jefas de Hogar, esta contraprestación consiste en el cumplimiento de actividades comunitarias, de capacitación o microproductivas, en jornadas de cuatro a seis horas por día. El control está a cargo de los organismos públicos o privados donde se realizan las actividades, en general, agrupaciones políticas o municipios.
"Cuanto más rutinarias, repetitivas y sostenidas en el tiempo son las acciones en cada etapa, mayores son los incentivos y las oportunidades para las prácticas clientelares", concluye el informe, elaborado por Christian Gruenberg y Victoria Pereyra Iraola. "En teoría, la decisión de excluir a una persona por inasistencia en el cumplimiento de la contraprestación debía pasar por un proceso formal de revisión con el objetivo de prevenir medidas arbitrarias. Pero en la práctica la amenaza de un coordinador puede ser más efectiva y convincente que cualquier proceso administrativo para prevenir decisiones arbitrarias", agrega.
Con esa lógica, los autores relativizaron el impacto del pago electrónico en la transparencia del programa, dado que esa herramienta sólo evita el clientelismo en la etapa del cobro del subsidio.
Pero, al margen de la etapa en que se detecta, ¿en qué consisten las prácticas clientelares, tantas veces denunciadas? La más común, de acuerdo con el estudio de Cippec, es el cobro de un porcentaje del subsidio, que abarca el 45,4 por ciento de los casos denunciados. En casi dos terceras partes de ese universo (63,2 por ciento), se exige entre el 10 y el 20 por ciento del plan, es decir, entre 15 y 30 pesos al mes. Pero hay veces (3,4 por ciento) en que la extracción llega hasta los 75 pesos.
A esa irregularidad le siguen las amenazas, que alcanzan el 21,6 por ciento del total; la contraprestación irregular, con el 19,6 por ciento; el proceso de pago irregular, con el 8,3 por ciento; el uso político de los programas, con el 3 por ciento; el acoso sexual, con el 0,5, y otros, con 1,6.
Los autores aclararon que las amenazas operan en general como instrumentos para alcanzar otros fines, como el cobro de dinero o el cumplimiento de una contraprestación irregular. Dentro de esta última categoría, la práctica más denunciada, con el 69,4 por ciento, es la de exigir a los beneficiarios del programa que participen en marchas y piquetes.
Le sigue la de obligar a los titulares del beneficio a trabajar en casas particulares (22,3%), como empleadas domésticas las mujeres y como jardineros o albañiles los hombres, o en negocios. "Mientras las marchas y los piquetes implican la politización partidaria de los programas sociales -dice el informe-, los negocios privados y el trabajo en el espacio doméstico representan lisa y llanamente la privatización de los programas públicos." Un delito silencioso
Para los autores, los casos de acoso sexual están subrepresentados, dado que "se trata de un tipo de violencia de género que se caracteriza por presentar un importante subregistro de denuncias, ya que son pocas las víctimas que hacen la denuncia por temor a ser revictimizadas".
Dos terceras partes de los acusados son punteros políticos barriales, que en el estudio de Cippec son mencionados como los coordinadores del plan que mantienen una relación directa y cotidiana con los beneficiarios por medio del control de los registros de asistencia a las actividades de contraprestación. En menor medida, también se denuncia a empleados municipales (9,9%) y a los bancos que hacen el pago (8,1%).
El estudio de Cippec consigna también que, pese a la situación de gran vulnerabilidad en que se encuentran, los principales denunciantes de irregularidades, con el 71,4 por ciento, son los propios beneficiarios de los subsidios, en su mayoría, mujeres. NOVIEMBRE DE 2002 Sexo por planes sociales
Se denunció que en el interior de Tucumán, a cambio de la entrega de los planes sociales, se pedían contraprestaciones indebidas y, en algunos casos, se exigían relaciones sexuales.
Gabriel Sued LA NACION
Tras la crisis de 2001, una desocupada con hijos menores se inscribe en el Plan Jefes y Jefas de Hogar, para cobrar un subsidio de $ 150 mensuales. Con la amenaza de quitarle el beneficio, el puntero político encargado de certificar que ella cumple con la contraprestación laboral que exige el programa, le cobra $ 15 por mes y, en algunas ocasiones, la presiona para que asista a marchas o actos partidarios.La historia, a la que se le pueden agregar distintos nombres propios y lugares geográficos, es el modelo típico de los casos de clientelismo registrados en el Plan Jefes y Jefas de Hogar, el mayor programa de asistencia social de la Argentina, con 668.000 beneficiarios en la actualidad y más de 2 millones en sus primeros meses, en 2002.
Según un estudio que acaba de terminar el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) además de los pedidos de dinero y de las presiones para asistir a marchas o piquetes, los destinatarios del programa deben soportar que les exijan tareas en casas particulares, siempre bajo la amenaza de darles de baja el subsidio. A los hombres los usan como jardineros o albañiles. A las mujeres, que en algunos casos sufren acoso sexual, las utilizan como empleadas domésticas.
Cippec está entre los mejores cinco think tanks privados de América latina, según el reconocimiento que le dio el año pasado la Universidad de Filadelfia.
Con el título "El clientelismo en la gestión de programas sociales contra la pobreza", el informe es el primer estudio cualitativo y cuantitativo de la utilización política de los planes sociales, una especie de radiografía inédita del fenómeno. Se hizo a partir del análisis de una muestra de 448 denuncias de las 4891 que tramitaron, entre 2002 y 2007, en la Unidad Fiscal de Investigaciones sobre la Seguridad Social (Ufises), que dirige Guillermo Marijuán. El 59 por ciento de esos sumarios llegó a la Justicia.
El primero y quizás más importante descubrimiento del estudio es que la mayor cantidad de casos de clientelismo, el 79,5 por ciento, se produce no durante las etapas de inscripción o pago, sino en la de la contraprestación laboral. En el caso del Plan Jefes y Jefas de Hogar, esta contraprestación consiste en el cumplimiento de actividades comunitarias, de capacitación o microproductivas, en jornadas de cuatro a seis horas por día. El control está a cargo de los organismos públicos o privados donde se realizan las actividades, en general, agrupaciones políticas o municipios.
"Cuanto más rutinarias, repetitivas y sostenidas en el tiempo son las acciones en cada etapa, mayores son los incentivos y las oportunidades para las prácticas clientelares", concluye el informe, elaborado por Christian Gruenberg y Victoria Pereyra Iraola. "En teoría, la decisión de excluir a una persona por inasistencia en el cumplimiento de la contraprestación debía pasar por un proceso formal de revisión con el objetivo de prevenir medidas arbitrarias. Pero en la práctica la amenaza de un coordinador puede ser más efectiva y convincente que cualquier proceso administrativo para prevenir decisiones arbitrarias", agrega.
Con esa lógica, los autores relativizaron el impacto del pago electrónico en la transparencia del programa, dado que esa herramienta sólo evita el clientelismo en la etapa del cobro del subsidio.
Pero, al margen de la etapa en que se detecta, ¿en qué consisten las prácticas clientelares, tantas veces denunciadas? La más común, de acuerdo con el estudio de Cippec, es el cobro de un porcentaje del subsidio, que abarca el 45,4 por ciento de los casos denunciados. En casi dos terceras partes de ese universo (63,2 por ciento), se exige entre el 10 y el 20 por ciento del plan, es decir, entre 15 y 30 pesos al mes. Pero hay veces (3,4 por ciento) en que la extracción llega hasta los 75 pesos.
A esa irregularidad le siguen las amenazas, que alcanzan el 21,6 por ciento del total; la contraprestación irregular, con el 19,6 por ciento; el proceso de pago irregular, con el 8,3 por ciento; el uso político de los programas, con el 3 por ciento; el acoso sexual, con el 0,5, y otros, con 1,6.
Los autores aclararon que las amenazas operan en general como instrumentos para alcanzar otros fines, como el cobro de dinero o el cumplimiento de una contraprestación irregular. Dentro de esta última categoría, la práctica más denunciada, con el 69,4 por ciento, es la de exigir a los beneficiarios del programa que participen en marchas y piquetes.
Le sigue la de obligar a los titulares del beneficio a trabajar en casas particulares (22,3%), como empleadas domésticas las mujeres y como jardineros o albañiles los hombres, o en negocios. "Mientras las marchas y los piquetes implican la politización partidaria de los programas sociales -dice el informe-, los negocios privados y el trabajo en el espacio doméstico representan lisa y llanamente la privatización de los programas públicos." Un delito silencioso
Para los autores, los casos de acoso sexual están subrepresentados, dado que "se trata de un tipo de violencia de género que se caracteriza por presentar un importante subregistro de denuncias, ya que son pocas las víctimas que hacen la denuncia por temor a ser revictimizadas".
Dos terceras partes de los acusados son punteros políticos barriales, que en el estudio de Cippec son mencionados como los coordinadores del plan que mantienen una relación directa y cotidiana con los beneficiarios por medio del control de los registros de asistencia a las actividades de contraprestación. En menor medida, también se denuncia a empleados municipales (9,9%) y a los bancos que hacen el pago (8,1%).
El estudio de Cippec consigna también que, pese a la situación de gran vulnerabilidad en que se encuentran, los principales denunciantes de irregularidades, con el 71,4 por ciento, son los propios beneficiarios de los subsidios, en su mayoría, mujeres. NOVIEMBRE DE 2002 Sexo por planes sociales
Se denunció que en el interior de Tucumán, a cambio de la entrega de los planes sociales, se pedían contraprestaciones indebidas y, en algunos casos, se exigían relaciones sexuales.
Municipios bajo sospecha JULIO DE 2004
El fiscal Guillermo Marijuán denunció ante la Justicia que más de 3000 empleados de más de 100 localidades de la provincia de Buenos Aires percibían un plan social, pese a no estar desempleados.
El fiscal Guillermo Marijuán denunció ante la Justicia que más de 3000 empleados de más de 100 localidades de la provincia de Buenos Aires percibían un plan social, pese a no estar desempleados.
La intendenta que cobraba AGOSTO DE 2004
La justicia federal procesó a una intendenta formoseña que había inscripto a parte de la planta del municipio en el programa para desocupados y que después les descontaba los 150 pesos del subsidio.
La justicia federal procesó a una intendenta formoseña que había inscripto a parte de la planta del municipio en el programa para desocupados y que después les descontaba los 150 pesos del subsidio.
El millón de pesos perdido SEPTIEMBRE DE 2004
La Justicia logró que la entidad crediticia devolviera a la Anses casi un millón de pesos de planes sociales que había sido derivado a una cuenta de orden interno del banco.
La Justicia logró que la entidad crediticia devolviera a la Anses casi un millón de pesos de planes sociales que había sido derivado a una cuenta de orden interno del banco.
Para conseguir fiscales OCTUBRE DE 2005
El fiscal Guillermo Marijuán denunció que unos concejales kirchneristas de San Martín entregaban planes sociales a cambio de que los beneficiarios actuaran como fiscales en las elecciones legislativas.
El fiscal Guillermo Marijuán denunció que unos concejales kirchneristas de San Martín entregaban planes sociales a cambio de que los beneficiarios actuaran como fiscales en las elecciones legislativas.
Electrodomésticos por votos AGOSTO DE 2008
El fiscal federal Federico Delgado pidió la citación como sospechosos de dos funcionarios de Alicia Kirchner: Carlos Castagneto y Marcela Vessvessian. Los acusó de haber repartido electrodomésticos con fines electorales días antes de las elecciones de octubre de 2005.
El fiscal federal Federico Delgado pidió la citación como sospechosos de dos funcionarios de Alicia Kirchner: Carlos Castagneto y Marcela Vessvessian. Los acusó de haber repartido electrodomésticos con fines electorales días antes de las elecciones de octubre de 2005.
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