A buen recaudador..., muchas preguntas

la justicia apura la investigación a capaccioli
El fiscal Comparatore considera que hay elementos para investigar al superintendente de Servicios de Salud por “tráfico de influencias” a fin de conseguir dinero para las campañas políticas del kirchnerismo.
Cuadro. Capaccioli llegó de la mano del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández al cargo de cajero oficial de las campañas electorales del oficialismo.
Según el fiscal Luis Comparatore hay elementos suficientes para investigar por “tráfico de influencias” a Héctor Capaccioli, el superintendente de Servicios de Salud de la Nación, en su rol de recaudador de las campañas kirchneristas. El martes, el fiscal firmó el requerimiento de instrucción que dio lugar a la denuncia de la Coalición Cívica por las sospechas sobre el origen del dinero aportado por algunas droguerías, incluida Seacamp, que pertenecía a Sebastián Forza, uno de los asesinados en el triple crimen de General Rodríguez.
El funcionario aparece involucrado en la causa por su doble rol: por su cargo está vinculado con las obras sociales –que podrían haber recolectado dinero para la política proveniente de las droguerías– y, además, participó desde 2003 en la organización del financiamiento de las campañas del kirchnerismo. Aunque los delitos por los aportes los investiga la justicia electoral, se instruye una causa penal en la que se investiga si el dinero de estas droguerías es legal y si Capaccioli les ofreció a esas empresas algún beneficio por aportar fondos a la candidatura de Cristina Kirchner.
Esta investigación, una suerte de rompecabezas jurídico, quedó a cargo del juez Ariel Lijo. Intentará determinar si las droguerías o sus dueños tuvieron algún beneficio del Estado después de sus aportes. Lijo pidió ayer la composición societaria de todas las empresas denunciadas para conocer los nombres de todos sus propietarios y los posibles vínculos con el Gobierno.
El viernes, Sebastián Javier Cinquerrui, diputado bonaerense de la Coalición Cívica, ratificó una denuncia por posible tráfico de influencias entre algunas de las empresas aportantes a la campaña del Frente para la Victoria y “quien sería el recaudador de la campaña, Héctor Capaccioli”, según consta en la declaración frente a Lijo. Esta causa es el primer resultado judicial de los cruces entre las droguerías de funcionamiento irregular y los aportantes a las campañas K.
Seacamp, que pertenecía a Forza, aportó 200.000 pesos para la fórmula Cristina Fernández-Julio Cobos, “pese a su insuficiente solvencia patrimonial y a diversos reclamos judiciales en su contra”, figura en la denuncia que desde ayer comenzó a instruirse a pedido del fiscal Comparatore.
La investigación tendrá como eje uno de los argumentos que los legisladores observaron en su planteo judicial: el aporte del rubro farmacéutico y médico para la campaña representó más del 35% de los fondos que recaudó Capaccioli para el Frente para la Victoria. Son 4.512.000 millones de pesos.
El juez Lijo y el fiscal Comparatore comenzarán a recorrer la ruta de ese dinero. “Resulta insoslayable investigar las contrataciones y procesos adjudicatarios celebrados con anterioridad y posterioridad a la elección, para corroborar o descartar la existencia de posibles beneficios indebidos originados por la participación de las mencionadas empresas del sector como aportantes a la campaña presidencial”, consta en la denuncia que ayer fue avalada por el fiscal.
En una ampliación de esa denuncia, que Cinquerrui y el diputado nacional Fernando Sánchez aportaron al juez la semana pasada, también solicitaron que se investigue la posibilidad de que los fallecidos Forza y Ariel Vilán, también aportante para la campaña del oficialismo, hayan sido utilizados como testaferros de otras personas o empresas.

Derivaciones del triple crimen
Hallan una camioneta que se habría usado para trasladar efedrina
El vehículo es de uno de los detenidos tras el desmantelamiento del laboratorio de drogas en Maschwitz; en varios allanamientos se secuestró documentación relacionada con el caso; declaró Tarzia

Viernes 12 de setiembre de 2008 13:10 (actualizado a las 15:30)
La camioneta de uno de los detenidos en la causa por los narcos mexicanos, que es similar a una que fue vista por testigos entrar y salir del galpón de General Rodríguez alquilado por el ex funcionario Manuel Poggi, fue secuestrada hoy en un allanamiento realizado en Hurlingham.
Fuentes vinculadas a la pesquisa informaron que la Jeep Grand Cherokee gris, modelo 2001, secuestrada por policías de la División Tráfico de Drogas Ilícitas de la bonaerense, sería del detenido Raúl Ribet y es similar a la que testigos vieron en el galpón alquilado por Poggi, donde se sospecha la banda de narcos almacenaba efedrina en tambores para aceite para cueros.
Más allanamientos. En tanto, los investigadores de un cartel mexicano que elaboraba drogas sintéticas en Ingeniero Maschwitz realizaron dos allanamientos esta madrugada en busca de dos dueños de droguerías que presuntamente desviaron ilegalmente efedrina para la fabricación de metanfetamina.
Según los investigadores, los prófugos son Jorge Alberto Ochoa, quien es socio en la Distribuidora Droguería Masterfarm S.A, y Daniel Mancuso, quien tenía una relación comercial con los hermanos Guillermo Alberto Salomón y Héctor Daniel Salomón, dueños de la Farmacia San José de los Corrales que fueron detenidos el miércoles pasado.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Zárate Campana Federico Faggionatto Márquez y realizados por personal de la Dirección General de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas de la policía bonaerense.
Según las fuentes, uno de los procedimientos se llevó a cabo durante la madrugada en un edificio ubicado en Leandro N.Alem 185 de la localidad bonaerense de Ramos Mejía donde buscaron sin éxito a Mancuso.
Sin embargo, los policías entraron al departamento y secuestraron un teléfono celular, una foto actualizada del prófugo, una agenda e importante documentación para el análisis, dijo a la agencia Télam un jefe policial.
Los investigadores determinaron que este hombre tenía una relación comercial con los hermanos Salomón.
Por otra parte, los investigadores policiales allanaron una casa ubicada en la calle Vuelta de Obligado 2789 de la Capital Federal en busca de Ochoa.
Ochoa es el dueño de la droguería Masterfarm S.A. cuya sede comercial en la avenida Constituyentes 390, de la localidad bonaerense de General Pacheco, había sido allanada el 3 de septiembre pasado.
En esa oportunidad, los investigadores encontraron documentación sobre la compra venta de 650 kilos de efedrina que se sospecha fue enviada ilegalmente para la fabricación de drogas sintéticas.
Declaró Tarzia. En tanto, pasadas las 9, en medio de un impresionante operativo policial, fue llevado a los tribunales federales para ampliar su indagatoria el detenido Marcelo Tarzia, sindicado como el gerente de la banda detenida en el laboratorio de metanfetaminas de Ingeniero Maschwitz el 17 de julio pasado.
Tarzia fue interrogado sobre sus vínculos con Forza, luego de que se estableciera que le compró a un testaferro de la víctima una droguería por 300.000 pesos.
Un hombre resultó herido por un paquete bomba en Haedo
La encomienda iba a nombre de un laboratorio; el destinatario era un ingeniero químico, hermano de la víctima; "no sé si está relacionado con el triple crimen; tengo miego", dijo un familiar; minutos después hubo un llamado anónimo al juzgado que investiga el triple crimen
Noticias de Información general:
Viernes 12 de setiembre de 2008 14:58 (actualizado a las 18:20)
Una caja de encomienda que venía a nombre de un laboratorio explotó hoy en una casa de la localidad bonaerense de Haedo e hirió gravemente al hermano de un ingeniero químico que era el verdadero destinatario del paquete.
El hecho ocurrió alrededor de las 11.30, informaron fuentes policiales a lanacion.com , cuando el hombre, de 32 años, abrió un paquete dirigido a su hermano que contenía explosivos en una vivienda de la calle Juan B. Justo al 200 de esa localidad.
Daniel, hermano de la víctima, aseguró en diálogo con el canal Todo noticias que su hermano tiene las dos manos afectadas y están realizando estudios para ver si hay órganos comprometidos.
Además confirmó que el paquete bomba iba dirigidó a su hermano Martín, que vende microscopios a laboratorios.
"Tengo miedo; vamos a hablar con el juez para que nos pongan custodia. No sé si está relacionado con el triple crimen", dijo Daniel.
Llamada misteriosa. Cinco minutos después de que se produjera la explosión en Haedo, en el juzgado federal de Campana, a cargo de Federico Faggionatto Márquez, que investiga el triple crimen de General Rodríguez, recibió una llamada anónima.
Según explicaron a LANACION fuentes judiciales, un hombre, en tono intimidadante, dijo que en breve recibirían una "carta importante".
Ahora los investigadores están intentado dilucidar si ambos hechos están relacionados.
Hace un año, otra carta bomba. Hace un año, un gerente de sistemas de la empresa Nestlé, abrió una carta bomba que lo lesionó en su mano derecha y le produjo quemaduras en la cara y el torso.
Cosme Veneziale, de 47 años, había llegado a su oficina de Vicente López como todas las mañanas y vio que en el escritorio de un compañero había un libro de informática envuelto en celofán. Empujado por la curiosidad, lo agarró y se dirigió a su despacho, donde lo abrió. Al hacerlo, estalló la bomba.
Según explicaron en ese momento fuentes de la investigación a LA NACION , la detonación fue un acto intimidatorio. Los especialistas indicaron que se trató de un paquete bomba, armado con un sistema de apertura conectado a un explosivo no muy potente. El ataque tuvo las características de un mensaje de tipo mafioso.
Según confiaron fuentes de la investigación, el sobre de color blanco llevaba como remitente la frase Oxford University Press y otra al costado que decía Informática y Comercio IT. Según confió un vocero de la causa, el envío sería de procedencia argentina.